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Conferencia de Washington por la Unidad y la Fraternidad en Haití

Resolución haitiana

Gobierno bicéfalo y Acuerdo de Gobernanza para Haití: un ejecutivo compuesto por un Presidente y un Primer Ministro, para el período del 18 de noviembre de 2026 al 18 de noviembre de 2028.

Texto sometido al examen, la adhesión y la firma de las partes

Washington D.C.

27 de octubre de 2026 · Año 222 de la Independencia de Haití
Seguridad · Continuidad del Estado · Participación ciudadana · Elecciones creíbles · Transferencia democrática

Panel de control

¿En qué punto está la transición?

Calendario establecido a partir del Acuerdo (artículos 2, 18, 22 y 23).

Fase I · Meses 1–6

Fase II · Meses 7–18

Fase III · Meses 19–24

27 de octubre de 2026

Proyecto de Acuerdo de Gobernanza, Washington, D.C.

9 de noviembre de 2026

Nota de prensa: 2.ª sesión anunciada en el Capitolio

18 de noviembre de 2026

Inicio de la transición (día 1)

18 de diciembre de 2026

Documento de aplicación del CNECRS (art. 18)

16 de febrero de 2027

Evaluación de los 90 días y luego cada seis meses (art. 22)

18 de mayo de 2027

Fin de la fase I, inicio de la fase II

18 de mayo de 2028

Fin de la fase II, período electoral

18 de noviembre de 2028

Término improrrogable de la transición (art. 2)

meses de mandato, plazo improrrogable
0
objetivos nacionales permanentes
0
miembros de la CSSC, de ellos 3 de la diáspora
0
ministerios en un gobierno reducido
0
días antes de la primera evaluación
0

El CNDDH en la transición

Nuestra misión, artículo por artículo

Cada uno de nuestros compromisos se basa en una disposición precisa del Acuerdo.

Informar y capacitar

Explicar el Acuerdo en términos sencillos, dar a conocer los derechos de los ciudadanos, la libertad de prensa y el papel de los órganos de control.

Vigilar la acción pública

Seguir los informes mensuales de la CSSC, la evaluación de los 90 días y luego cada seis meses, la neutralidad de los dirigentes y la publicación de los contratos.

Conectar el terreno y la diáspora

Llevar la voz de las comunidades al CNECRS y apoyar a los tres representantes de la diáspora en la Comisión de Vigilancia.

Texto íntegro

Acuerdo de Gobernanza para Haití

El índice lleva directamente a cada capítulo; los enlaces del sitio abren el artículo citado.

Apertura

Declaración introductoria

Al término de los trabajos de la Conferencia de Washington por la Unidad y la Fraternidad en Haití, las partes presentan al pueblo haitiano un marco de transición fundado en la unidad nacional, la responsabilidad pública, la participación ciudadana y el respeto de la soberanía de la República.

Esta conferencia es la culminación de varios meses de intercambios entre partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos, profesionales, representantes del sector social y miembros de la diáspora. Estas consultas permitieron definir un camino viable para restablecer la seguridad, garantizar la continuidad del Estado y conducir al país hacia la instauración de autoridades libremente elegidas.

Tras examinar las propuestas, los participantes recomiendan la instauración de un ejecutivo bicéfalo compuesto por un Presidente y un Primer Ministro. Esta arquitectura se basa en un reparto claro de competencias, una obligación de cooperación y mecanismos de solución de controversias destinados a prevenir la parálisis institucional.

Se establecerá una estructura de entendimiento y de franca colaboración para favorecer la coherencia, reducir los conflictos internos y permitir una acción pública más responsable.

Preámbulo

Preámbulo

Desde hace varios años, Haití vive una sucesión de transiciones políticas que no han permitido restablecer de forma duradera la seguridad, restaurar la confianza en las instituciones ni garantizar el regreso a un poder legitimado por elecciones creíbles. La implicación de socios extranjeros en la búsqueda de soluciones políticas tampoco ha permitido sortear los bloqueos ni superar las dificultades.

Esta situación exige un cambio de enfoque. La salida de la crisis no depende únicamente de la designación de nuevos dirigentes, sino de la capacidad de reconstruir el Estado, combatir las redes criminales, restablecer los servicios públicos y organizar elecciones libres, honestas y transparentes.

La presente propuesta preconiza una transición de veinticuatro (24) meses fundada en un acuerdo político nacional que asocie a las fuerzas vivas de Haití y a su diáspora. Persigue un objetivo preciso: restablecer las condiciones de un Estado funcional, emprender las reformas institucionales necesarias y entregar el poder a las autoridades elegidas mediante elecciones creíbles.

En consecuencia,

Las fuerzas vivas de la Nación y de la Diáspora, abajo firmantes, adoptan el presente Acuerdo de Gobernanza de Transición, que servirá de marco organizativo de la República durante el período de veinticuatro meses que comienza el 18 de noviembre de 2026.

Capítulo I

Fundamentos, duración y objetivos

Art. 1 Objeto del Acuerdo

El presente Acuerdo organiza la gobernanza de la transición, reparte las responsabilidades dentro del Ejecutivo, fija las prioridades nacionales, establece los mecanismos de participación y de control, enmarca el proceso constitucional y electoral, y determina las condiciones de cierre de la transición.

Complementa la declaración política de la Conferencia de Washington, el Plan de Acción y los documentos de aplicación adoptados por las partes. En caso de divergencia, las partes buscarán una interpretación coherente que proteja la soberanía, los derechos fundamentales, la continuidad del Estado y el carácter temporal de la transición.

Art. 2 Duración y plazo improrrogable

La transición abarca el período comprendido entre el 18 de noviembre de 2026 y el 18 de noviembre de 2028. El mandato de las autoridades instituidas por el presente Acuerdo termina de pleno derecho con la instalación de las autoridades electas y, en todo caso, a más tardar el 18 de noviembre de 2028.

Ninguna prórroga es automática. Todo impedimento grave que afecte a una etapa del calendario dará lugar a un informe público, a medidas correctivas y a una consulta nacional. No podrá utilizarse para suprimir el plazo final ni para transformar la transición en un mandato indefinido.

Art. 3 Objetivos nacionales

La transición persigue seis (6) objetivos permanentes:

  1. Restablecer la seguridad pública y la autoridad de la justicia;
  2. Reconstruir la infraestructura electoral y preparar un proyecto constitucional;
  3. Favorecer la recuperación económica y la protección social;
  4. Reforzar la descentralización y la participación de la diáspora;
  5. Combatir las redes de criminalidad financiera, rehabilitar las infraestructuras esenciales y restablecer la autonomía nacional;
  6. Organizar la transferencia democrática del poder.

Art. 4 Principios rectores

Las autoridades de transición están obligadas a respetar estrictamente la primacía del interés nacional, la legalidad, la dignidad humana, la neutralidad del Estado, la colegialidad gubernamental, la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad entre los ciudadanos, la inclusión de las mujeres y de los jóvenes, la participación de los territorios, así como la libertad de prensa y la oposición pacífica.

Capítulo II

Arquitectura del Ejecutivo

Art. 5 Composición del Ejecutivo

El Ejecutivo de transición es bicéfalo. Comprende un Presidente de la transición, jefe del Estado, y un Primer Ministro, jefe del Gobierno. Sus responsabilidades son distintas pero complementarias. Ninguno de los dos puede absorber las competencias del otro ni ejercer por sí solo la totalidad del poder ejecutivo.

Antes de asumir sus funciones, el Presidente y el Primer Ministro firman una declaración de adhesión al presente Acuerdo, una declaración de patrimonio y de intereses, así como un compromiso de neutralidad y de no candidatura en las elecciones organizadas durante la transición.

Art. 6 Designación del Presidente

El Presidente de la transición es designado según el procedimiento de adhesión política y los instrumentos jurídicos acordados por las partes. La designación se basa en criterios públicos de competencia, integridad, imparcialidad, independencia de criterio, capacidad de unir y ausencia de incompatibilidades graves.

El acto de designación, los apoyos institucionales, la declaración de intereses y el compromiso del Presidente se hacen públicos antes de su instalación.

Art. 7 Atribuciones del Presidente

El Presidente encarna la continuidad del Estado, vela por el respeto del presente Acuerdo, garantiza el funcionamiento regular de las instituciones de transición y representa a la República en los actos propios de la función de jefe del Estado.

Preside el Consejo de Ministros; promulga o dicta los actos de su competencia; acredita a los representantes diplomáticos conforme a derecho; recibe las cartas credenciales; participa en la definición de las grandes orientaciones de seguridad, política exterior y transición democrática; y se asegura de que el calendario electoral siga siendo prioritario.

El Presidente no dirige la administración cotidiana, no sustituye a los ministros y no puede comprometer gastos ni adjudicar contratos públicos al margen de los procedimientos aplicables.

Art. 8 Designación y responsabilidad del Primer Ministro

El Primer Ministro es elegido tras consultas con las principales fuerzas signatarias y nombrado según el procedimiento jurídicamente aplicable. Debe reunir garantías de competencia, integridad, neutralidad y capacidad para dirigir una administración de crisis.

El Primer Ministro forma un gobierno reducido, competente, representativo y sujeto a las mismas obligaciones de declaración, neutralidad y no candidatura. Dirige la acción gubernamental, coordina los ministerios, prepara y ejecuta el presupuesto, garantiza el funcionamiento de los servicios públicos y rinde cuentas de sus resultados.

Art. 9 Prevención y solución de controversias

El Presidente y el Primer Ministro celebran una reunión de coordinación al menos una vez por semana. Toda controversia se examina primero en dicha reunión sobre la base de una nota escrita que precise las competencias afectadas, los riesgos y las soluciones previstas.

A falta de acuerdo en un plazo de cinco (5) días hábiles, la controversia se somete a una instancia de mediación compuesta por tres (3) personalidades independientes designadas de común acuerdo por las partes signatarias. La mediación formula una recomendación motivada en un plazo de siete (7) días.

Toda urgencia que afecte a la vida nacional, a la seguridad o a la continuidad inmediata del Estado podrá ser objeto de una medida provisional necesaria. Dicha medida debe constar por escrito, estar limitada en el tiempo, comunicarse a la otra autoridad y someterse sin demora a los mecanismos de control competentes.

Art. 10 Vacancia y sustitución del Presidente

En caso de vacancia definitiva de la presidencia, la continuidad protocolaria se garantiza conforme a las normas aplicables, sin transferencia automática de la totalidad de los poderes al Primer Ministro. Las partes aplican, en un plazo máximo de treinta (30) días, el procedimiento acordado para designar a un sucesor encargado de completar el mandato.

Art. 11 Vacancia y sustitución del Primer Ministro

En caso de vacancia del cargo de Primer Ministro, el gobierno despacha los asuntos corrientes bajo la coordinación del ministro designado conforme a las normas aplicables. Un nuevo Primer Ministro es elegido tras consulta, mediante un procedimiento público y motivado.

Capítulo III

Gobierno, integridad y neutralidad

Art. 12 Composición del gobierno

El gobierno se constituye sobre la base de la competencia, la integridad, la experiencia, el equilibrio territorial y la participación efectiva de las mujeres y los jóvenes. El número de ministerios y secretarías de Estado se limita estrictamente a las necesidades de la transición.

Los titulares publican una nota biográfica y una declaración de patrimonio y de intereses, y se comprometen a respetar el código de ética. Quedan formalmente prohibidos los nombramientos de favor, el nepotismo y el uso de los cargos públicos como recompensa partidista.

Art. 13 Neutralidad y no candidatura

El Presidente, el Primer Ministro, los ministros y los principales responsables encargados de la organización o de la seguridad de las elecciones no pueden presentarse como candidatos en los comicios organizados durante la transición. No pueden utilizar los bienes, el personal, los datos, los medios ni los recursos del Estado en beneficio de un partido, un candidato o un grupo.

Todo responsable que desee apoyar públicamente una candidatura debe dimitir en las condiciones y los plazos fijados por la legislación electoral, sin perjuicio de las incompatibilidades más estrictas establecidas por el presente Acuerdo.

Art. 14 Transparencia y conflictos de intereses

Los contratos públicos importantes, los gastos excepcionales, los nombramientos relevantes, los convenios internacionales y los informes de auditoría son objeto de publicación oficial, con reserva de la información cuya protección esté legalmente justificada.

Toda persona que ejerza una función en los órganos de la transición se abstendrá de participar en cualquier decisión que afecte a un interés personal, familiar, profesional o financiero. Los regalos, ventajas, misiones financiadas e intereses pertinentes se inscriben obligatoriamente en un registro público.

Capítulo IV

Órganos de control y participación ciudadana

Sección I. Comisión de Vigilancia de la Sociedad Civil

Art. 15 Creación y mandato

Se instituye un órgano de vigilancia independiente y no partidista, denominado «Comisión de Vigilancia de la Sociedad Civil» (CSSC). Esta Comisión se encarga de velar por el cumplimiento del Programa de Acción Gubernamental, auditar los gastos relacionados con el período de transición y garantizar el estricto respeto del calendario establecido.

Art. 16 Composición

La CSSC está compuesta por nueve (9) miembros, elegidos por su integridad moral y su experiencia profesional, que no hayan participado en actividades políticas partidistas durante los cinco (5) años anteriores a su nombramiento:

  • Tres (3) representantes de organizaciones de la sociedad civil haitiana debidamente reconocidas (redes que trabajan en los ámbitos de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción);
  • Tres (3) representantes de la diáspora haitiana (procedentes, respectivamente, de América del Norte, Europa y la zona del Caribe/América Latina), designados por asociaciones reconocidas;
  • Dos (2) representantes de los colegios y asociaciones profesionales (en particular, los colegios de abogados, las asociaciones de abogados y el Colegio de Contadores Públicos);
  • Un (1) representante de las universidades nacionales.

Art. 17 Facultades de la Comisión

Para garantizar una transparencia total, la CSSC está investida de las siguientes facultades:

  1. Acceso sin restricciones: acceder, sin autorización previa, a todos los documentos públicos, extractos bancarios, contratos y actas del Consejo de Ministros;
  2. Informes públicos mensuales: publicar informes de seguimiento mensuales que detallen los avances del gobierno de transición en materia de seguridad, preparación de las elecciones y gestión financiera;
  3. Facultad de suspensión de los contratos litigiosos: suspender cautelarmente todo contrato de contratación pública o toda concesión del Estado sospechosos de corrupción, a la espera de un examen judicial por el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo (CSCCA).

4.

Sección II. Participación ciudadana y control

Art. 18 Consejo Nacional de Compromiso Ciudadano y Reconstrucción Social

  1. Se instituye un Consejo Nacional de Compromiso Ciudadano y Reconstrucción Social (CNECRS) para asociar de manera permanente a la sociedad civil, las organizaciones sociales, las mujeres, los jóvenes, los sectores profesionales, las comunidades religiosas, las autoridades locales y la diáspora a los trabajos de seguimiento de la transición.
  2. El Consejo acompaña a las familias vulnerables, a la juventud y a los niños sin escolarizar, atiende a las personas desplazadas y formula recomendaciones que obligan a las autoridades a responder públicamente.
  3. Este órgano no constituye ni una segunda autoridad ejecutiva ni un gobierno paralelo. Recoge las preocupaciones de la población, sigue el impacto social de las políticas públicas, formula recomendaciones y publica evaluaciones periódicas.
  4. El Consejo es pluralista, independiente en sus dictámenes y distinto del Ejecutivo. No administra ningún ministerio, no nombra a ningún agente, no adjudica ningún contrato, no impone ninguna sanción y no dispone de ningún poder de veto. Su composición, sus atribuciones y su plan de acción se precisan en un documento de aplicación adoptado en los treinta (30) primeros días de la transición.

Capítulo V

Lucha contra la corrupción y seguridad nacional

Art. 19 Independencia de los órganos de control

Las instituciones de control, justicia, auditoría, lucha contra la corrupción y protección de los derechos ejercen sus competencias con total independencia. Las autoridades de transición cooperan plenamente, comunican los documentos legalmente exigidos y dan curso a las recomendaciones y decisiones conforme al derecho vigente.

Art. 20 Unidad judicial especial para los delitos financieros

En coordinación con el Ministerio de Justicia, se crea una unidad judicial especial temporal, compuesta por fiscales y jueces de instrucción, con el fin de agilizar los procedimientos judiciales relativos a la malversación de fondos públicos, la corrupción de funcionarios públicos y los delitos financieros transnacionales cometidos durante el período de transición.

Art. 21 Seguridad nacional y lucha contra las redes criminales

  1. El restablecimiento de la seguridad constituye la prioridad inmediata de la transición. El gobierno adopta sin demora un plan nacional destinado a proteger a la población, restablecer la libertad de circulación, proteger las infraestructuras esenciales y restaurar las capacidades operativas de las fuerzas del orden.
  2. La estrategia de seguridad se dirige también contra las redes de financiación de los grupos armados, los tráficos ilícitos, el blanqueo de capitales, la corrupción y las complicidades criminales en los sectores político, administrativo y económico.
  3. La lucha contra el bandidaje abarca el conjunto de las actividades criminales, sus apoyos financieros y sus redes de influencia. Se basa exclusivamente en investigaciones rigurosas, pruebas materiales y procedimientos legales.
  4. Las medidas de congelación, embargo o decomiso de bienes, las exclusiones de la contratación pública y las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos son dictadas con base legal por las autoridades judiciales competentes.
  5. Las personas declaradas culpables de infracciones se exponen a las sanciones previstas por la ley. Los derechos de la defensa, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia se preservan escrupulosamente con el fin de desmantelar de forma duradera las redes criminales y restaurar la autoridad del Estado.

Art. 22 Evaluación del gobierno

Una primera evaluación formal tiene lugar al término de los noventa (90) primeros días y, después, cada seis (6) meses. Abarca la ejecución de las prioridades, la seguridad, la neutralidad, la integridad, la cooperación institucional y la confianza pública.

En caso de insuficiencia, el Primer Ministro presenta un plan correctivo en un plazo de treinta días. Toda obstrucción grave, violación de la neutralidad, falta grave de integridad o incapacidad persistente puede dar lugar a un procedimiento de sustitución contradictorio, motivado y público.

Capítulo VI

Cronología de las acciones y estructura gubernamental

Art. 23 Fases operativas del mandato

FasePeríodoEnfoque principal y acciones clave
Fase IMeses 1 a 6Seguridad y estabilización — Recuperación del control territorial, protección de las infraestructuras principales, revisión de las actividades del Consejo Electoral Provisional (CEP) y auditoría del presupuesto nacional.
Fase IIMeses 7 a 18Reconstrucción estructural y jurídica — Inscripción de los electores, modernización constitucional y elaboración del marco legislativo electoral.
Fase IIIMeses 19 a 24Período electoral y traspaso del poder — Organización de los comicios nacionales y transferencia pacífica del poder a las autoridades electas.

Capítulo VII

Disposiciones finales y firmas

Art. 25 Alcance y compromiso

  1. El presente Acuerdo de Gobernanza define los objetivos de la transición, los criterios de designación de los dirigentes, el reparto de competencias, los mecanismos de control y el calendario electoral.
  2. Compromete al conjunto de las fuerzas políticas signatarias, a la sociedad civil, al sector privado, a las universidades y a las representaciones de la diáspora haitiana.
  3. La diáspora participa plenamente en la reflexión estratégica, la cooperación económica y la recuperación nacional, en el estricto respeto de la soberanía nacional.
  4. Queda formalmente excluida toda prórroga unilateral del mandato de transición. Las decisiones importantes y los balances de etapa serán objeto de publicación periódica.

Viva Haití. Viva la unidad del pueblo haitiano.

Hecho en Washington D.C., el 27 de octubre de 2026. Año 222 de la Independencia de Haití

Siguen las firmas de las partes interesadas…

Nota de prensa · 9 de noviembre de 2026

2.ª sesión de la Conferencia de Washington

El CNDDH, el Clero Haitiano-Estadounidense y sus socios informan a la prensa y a la opinión pública de la celebración de la segunda sesión en el Capitolio de los Estados Unidos.

  1. Celebración de la sesión. La 2.ª sesión se celebrará en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D.C. La fecha y la sala se anunciarán por vía oficial. Los organizadores recibirán a los delegados de las fuerzas políticas, de la sociedad civil, de los sectores religiosos, socioprofesionales y económicos, así como de la diáspora.
  2. Objetivos. La sesión validará el marco del ejecutivo bicéfalo de transición, adoptará el Acuerdo de Gobernanza y anunciará oficialmente el nombre del Presidente de transición, designado por consenso nacional.
  3. Información oficial. Solo dan fe las informaciones difundidas por los canales oficiales de las organizaciones signatarias.
  4. Acreditación. Se invita a los medios que deseen cubrir la sesión a ponerse en contacto con el servicio de comunicación de las organizaciones signatarias.
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